"Combate a la corrupción, acción clave de los gobiernos locales humanistas".

Si bien es cierto que, a través de los años, el combate a la corrupción ha sido una de las labores principales en cada uno de los órdenes de gobierno, también es verdad que la ciudadanía continúa viendo a las instituciones públicas como focos donde se concentra este delito. En términos generales, la corrupción es descrita como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio personal, así como todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental, como consecuencia de consideraciones de beneficio propio o para fines políticos. La corrupción en el ámbito gubernamental,  también se relaciona con la actitud negativa que adoptan los funcionarios públicos en su comportamiento ante la comunidad, como la falta de un código de ética en sus procedimientos.

En este mismo sentido, la percepción ciudadana juega un papel muy importante, pues esta ayuda a medir no solo el nivel de confianza en el gobierno, sino que también la cercanía y la comunicación en la demarcación; así mismo, la percepción de la corrupción representa también los grados de frustración, enojo y descontento de la población con la administración gubernamental, lo que posteriormente puede influir, inclusive, en la toma de decisiones en el ámbito electoral.

Ahora bien, a medida que un gobierno en cualquier orden aplica sistemas y mecanismos que le permiten ser transparente y abierto, la percepción de la ciudadanía se vuelca hacia un lado positivo, que los dota además de una atmósfera de seguridad y protección. Así pues, podemos definir a la transparencia como la publicidad en la actuación de los servidores públicos y la rendición de cuentas. Aunado a esto, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las autoridades para informar y justificar ante la ciudadanía sobre sus decisiones, es decir, abrirse al escrutinio público. De manera específica, para los gobiernos locales, en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos menciona la obligación de los municipios (entendidos como sujetos obligados por la misma ley) de poner a disposición del público y mantener actualizada la información en los respectivos medios electrónicos, por ejemplo, información de programas, información financiera, información referente a la nómina, etc. 

Teniendo este breve contexto, se puede comprender la importante tarea que tienen los Ayuntamientos en esta materia, pues al ser la unidad gubernamental más cercana a la ciudadanía, es también la que resiente de primera instancia no solo la percepción de transparencia, sino también las exigencias y necesidades en este ámbito. Vale la pena resaltar que los gobiernos locales son parte fundamental del federalismo como instrumento en el combate de la concentración del poder y la corrupción, y es por ello por lo que se busca adaptar medidas que, de manera eficiente, promuevan gobiernos cercanos y abiertos, abonando para el desarrollo integral de los municipios, garantizando acciones en pro de la transparencia y el acceso a la información.